La crisis contemporánea del capital natural exige nuevas formas de comprensión, gestión y acción colectiva. En este artículo, el capital natural se entiende como el conjunto de componentes bióticos y abióticos que sostienen la vida y los procesos ecológicos, mientras que la biodiversidad alude específicamente a la variedad de genes, especies, comunidades y ecosistemas que lo integran. Ambos conceptos se relacionan, pero no son equivalentes: la biodiversidad constituye una dimensión central del capital natural y posee, además de funciones ecológicas y sociales, un valor intrínseco que no depende de su utilidad económica.
En este marco, la expresión infraestructura viva designa el conjunto de sistemas ecológicos que sostienen procesos territoriales, como la regulación hídrica, la formación de suelos, la polinización, la conectividad ecológica, la provisión de alimentos, la estabilidad climática y la reproducción cultural de las comunidades. Esta infraestructura no se manifiesta de manera homogénea. La biota adquiere formas, densidades, relaciones y vulnerabilidades distintas en selvas tropicales, bosques secos, páramos, humedales, costas, ambientes marinos, sabanas, desiertos y sistemas urbanos. Por ello, cualquier estrategia digital debe reconocer la expresión diferencial de la vida según los macroescenarios del planeta y evitar que una misma grilla, indicador o modelo sea aplicado como si todos los territorios fueran comparables.

El estudio de la naturaleza utiliza tecnologías desde hace décadas: cartografía, fotografía aérea, teledetección, bases de datos, sistemas de información geográfica, telemetría y modelación ecológica forman parte de la práctica científica contemporánea. La novedad de la nueva era digital no radica, por tanto, en digitalizar lo que antes era completamente analógico, sino en automatizar la captura, clasificación, integración e interpretación de grandes volúmenes de información. La inteligencia artificial, los sensores remotos, el ADN ambiental, la bioacústica automatizada, los gemelos digitales y las plataformas de reporte amplían las escalas espaciales y temporales de observación, pero también introducen nuevos sesgos, dependencias tecnológicas y problemas de interpretación.
En América Latina aparece una paradoja decisiva: la región concentra una extraordinaria riqueza biológica, pero gran parte de su información permanece dispersa, sin digitalizar, con vacíos taxonómicos, baja interoperabilidad y acceso desigual. Las brechas se expresan entre áreas urbanas y rurales, entre instituciones con distintas capacidades financieras, entre ecosistemas intensamente monitoreados y territorios remotos, y entre lenguas dominantes y conocimientos locales que no siempre encuentran un lugar en las plataformas digitales. Democratizar la información biótica exige conectividad, infraestructura pública, formación especializada, estándares comunes, reconocimiento de autorías y mecanismos de protección para datos sensibles (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2024).
A partir de esta tensión surgen preguntas ineludibles: ¿quién controla los datos del capital natural?, ¿quién define qué se mide y a qué escala?, ¿cómo se evita que la naturaleza sea reducida a indicadores financieros?, ¿se respetan los límites biogeográficos, humanos y ecológicos cuando la vida se representa en grillas digitales?, ¿qué ocurre con la unidad mínima cartografiable cuando los algoritmos agregan o simplifican territorios heterogéneos?, ¿qué lugar ocupan las comunidades locales, los pueblos indígenas y los saberes territoriales? Estas preguntas no cuestionan el uso de tecnología en sí mismo; cuestionan la idea de que automatizar equivale necesariamente a comprender.
De la caracterización territorial a una inteligencia ecológica asistida
La conservación de la biodiversidad se ha apoyado históricamente en inventarios biológicos, colecciones científicas, áreas protegidas, restauración ecológica, monitoreo de poblaciones y regulación ambiental. Estas estrategias continúan siendo fundamentales. Antes de automatizar es necesario conocer el territorio: recorrerlo, describirlo, identificar especies, registrar interacciones, comprender ciclos ecológicos y contrastar los datos con la experiencia de quienes lo habitan. Ningún algoritmo reemplaza el trabajo de campo, la validación taxonómica ni la interpretación situada del investigador.
La modernización científica exige métodos estadísticos explícitos, trazabilidad y decisiones basadas en evidencia. Sin embargo, esa exigencia no debe sacrificar la caracterización básica. Los modelos dependen de datos de origen, y los datos dependen de observaciones realizadas bajo condiciones concretas. Cuando las muestras son escasas, están geográficamente sesgadas o provienen de categorías mal definidas, la automatización no elimina el problema: lo amplifica y le otorga una apariencia de precisión.
En este contexto, la inteligencia ecológica digital no debe entenderse como una cualidad autónoma de las máquinas, sino como una capacidad humana, científica e institucional apoyada por herramientas computacionales. Los sistemas denominados de inteligencia artificial se entrenan para reconocer regularidades, clasificar registros o estimar probabilidades; pueden emular ciertas operaciones cognitivas, pero no poseen la comprensión biológica, histórica, ética y territorial que orienta la investigación ecológica. Su función es asistir, no suplantar.
Estas herramientas pueden apoyar la identificación de especies, el análisis de imágenes y sonidos, la detección de cambios en coberturas, el modelamiento de distribuciones y la generación de alertas tempranas. No obstante, sus resultados deben someterse a validación de campo, análisis de incertidumbre, revisión de sesgos y evaluación de transferibilidad entre regiones. Un modelo entrenado en un bosque húmedo, una colección urbana o un conjunto de especies bien documentadas no puede extrapolarse automáticamente a otros contextos. La inteligencia ecológica surge de la articulación entre datos, conocimiento naturalista, métodos cuantitativos, experiencia territorial y deliberación pública (Cañas et al., 2025).
El capital natural como sistema de información, no como mercancía
En la era digital, las señales de los ecosistemas pueden convertirse en datos: imágenes, sonidos, secuencias genéticas, registros de presencia, variables climáticas, propiedades del suelo, flujos hídricos y cambios en la vegetación. Sensores, satélites, drones, cámaras trampa, ADN ambiental y plataformas geoespaciales permiten construir capas de información que antes eran difíciles de integrar. Sin embargo, los datos no son la naturaleza; son representaciones parciales producidas mediante decisiones sobre escala, muestreo, resolución, categorías y métodos de validación.
Esta distinción es importante porque el capital natural no puede reducirse a una suma de activos, riesgos u oportunidades. La vida posee valores intrínsecos, relacionales, culturales y ecológicos que no son ordinales ni plenamente intercambiables. Una especie endémica, un humedal sagrado, un corredor biológico o una relación ecológica no pueden reemplazarse automáticamente mediante compensaciones contables. Reconocer impactos y dependencias empresariales puede ser útil, pero no debe desplazar el derecho de los ecosistemas a persistir ni las obligaciones colectivas de cuidado (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services [IPBES], 2022).
El enfoque LEAP de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures puede ayudar a localizar, evaluar, analizar y preparar respuestas frente a asuntos relacionados con la naturaleza. Su uso, sin embargo, requiere consulta significativa, participación temprana y gobernanza de datos. Aplicarlo en territorios indígenas o comunitarios sin consentimiento, sin acuerdos sobre propiedad y uso de la información, o sin distribución de beneficios puede convertir el monitoreo en una forma de extractivismo de datos. La propia orientación de la TNFD reconoce que la participación de pueblos indígenas, comunidades locales y actores afectados debe atravesar la evaluación y no limitarse a una validación posterior (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures [TNFD], 2023a, 2023b).
Tecnologías emergentes para una sostenibilidad anticipatoria
Una de las mayores posibilidades de la automatización es fortalecer una gestión anticipatoria. En lugar de intervenir únicamente después de que ocurre el daño, las herramientas digitales pueden detectar señales tempranas de deforestación, fragmentación, pérdida de especies, alteración hídrica, incendios, contaminación o cambios en la fenología. Estas capacidades pueden apoyar a gobiernos, universidades, comunidades y organizaciones, siempre que los sistemas de alerta estén conectados con decisiones, recursos y responsabilidades concretas.
La utilidad de estas herramientas depende de la calidad, representatividad y comparabilidad de los datos. América Latina todavía se encuentra lejos de una interoperabilidad plena: persisten registros no digitalizados, estándares aplicados de manera desigual, metadatos incompletos, vacíos geográficos y taxonómicos, y dificultades para integrar información proveniente de países, instituciones y ecosistemas diferentes. Las plataformas globales han contribuido a movilizar datos, pero no corrigen por sí solas los sesgos de origen ni garantizan la validación nomenclatural y ecológica (Global Biodiversity Information Facility [GBIF], 2020; Bloom et al., 2021).
La agenda regional debe avanzar hacia protocolos de muestreo comparables, vocabularios controlados, identificadores persistentes, metadatos completos, colecciones de referencia, validación taxonómica, interoperabilidad entre sistemas y acceso multilingüe. Democratizar no significa publicar indiscriminadamente: algunas localizaciones de especies amenazadas, conocimientos tradicionales o datos genéticos requieren niveles diferenciados de acceso. La apertura debe combinarse con protección, atribución, consentimiento y responsabilidad.
Naturaleza positiva: horizonte político, no garantía tecnológica
El concepto de naturaleza positiva propone detener y revertir la pérdida de biodiversidad, restaurar ecosistemas y reorganizar actividades económicas para que no destruyan la base ecológica que las sostiene. Como horizonte político puede movilizar acciones relevantes, pero resulta problemático cuando se presenta de manera determinista, como si la tecnología pudiera revertir unilateralmente procesos complejos o restablecer cualquier sistema degradado.
Los ecosistemas responden a umbrales, dependencias históricas, interacciones no lineales y tiempos de recuperación que no siempre coinciden con los ciclos de inversión o de política pública. Algunas pérdidas son irreversibles; otras requieren décadas y no pueden compensarse con un incremento equivalente en otro lugar. Por ello, la noción de naturaleza positiva solo adquiere contenido operativo cuando se vincula con inventarios, líneas base, áreas de referencia, límites ecológicos, monitoreo permanente, verificación de campo, participación comunitaria y manejo adaptativo.
El Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal estableció cuatro objetivos para 2050 y 23 metas de acción hacia 2030, acompañadas de un sistema de seguimiento para orientar su implementación. Su alcance no debe interpretarse como una licencia para simplificar la naturaleza en un tablero de indicadores, sino como una invitación a fortalecer las capacidades científicas, institucionales y sociales necesarias para conservar, restaurar y utilizar sosteniblemente la biodiversidad (Convention on Biological Diversity [CBD], 2022). La medición es necesaria, pero no sustituye la deliberación sobre qué debe protegerse, para quién y bajo qué límites.
La huella material y biogeográfica de lo digital
No todo lo digital es ecológicamente sostenible. La infraestructura tecnológica consume energía, agua, minerales, suelo y materiales; genera residuos electrónicos y demanda redes de almacenamiento y procesamiento cuya huella suele permanecer fuera del campo visual del usuario. Incluso la observación de la Tierra produce impactos asociados con satélites, centros de datos, transmisión, almacenamiento y procesamiento en la nube (Anderson et al., 2024). La expansión del sector tecnológico también incrementa las dependencias respecto de energía, agua, minerales críticos e infraestructuras físicas que pueden generar presiones adicionales sobre los ecosistemas (World Economic Forum, 2025).
Estas huellas no son territorialmente equivalentes. Un centro de datos ubicado en una región con estrés hídrico, alta sensibilidad ecosistémica o matriz energética intensiva en carbono no produce los mismos efectos que una instalación situada en otro contexto. La política industrial suele tratar el consumo de agua o energía como una cifra agregada y omite la biogeografía básica: disponibilidad estacional, conectividad hídrica, especies endémicas, vulnerabilidad de acuíferos y usos culturales del territorio.
La misma contradicción aparece en los minerales críticos que alimentan dispositivos, baterías y redes. La extracción de coltán y otros minerales en fronteras amazónicas, así como la explotación de litio en salares altoandinos, puede degradar ecosistemas frágiles, afectar fuentes de agua y profundizar conflictos con comunidades locales. La precisión geográfica es importante: no se trata de afirmar que todos estos minerales se extraen en los mismos ambientes, sino de reconocer que la infraestructura digital conecta territorios distantes mediante cadenas materiales cuyos costos ecológicos permanecen ocultos. Los estudios sobre salares muestran, además, que cada cuenca posee una hidrogeología particular y no admite extrapolaciones simples entre proyectos (García-Sanz et al., 2021; Vera et al., 2023).
Gobernanza, Protocolo de Nagoya y soberanía de los datos
La digitalización puede convertir información genética, registros de especies, mapas ecológicos y conocimientos tradicionales en activos circulables. Este proceso plantea preguntas sobre apropiación, validación, propiedad intelectual y distribución de beneficios. ¿Pueden comercializarse datos del capital natural sin validación taxonómica? ¿Quién autoriza su uso cuando provienen de territorios colectivos? ¿Cómo se reconoce la contribución de investigadores locales, comunidades y custodios de colecciones?
El Protocolo de Nagoya ofrece un marco para el acceso a recursos genéticos, el consentimiento fundamentado previo, las condiciones mutuamente acordadas y la participación justa y equitativa en los beneficios. Su aplicación resulta esencial para evitar que la digitalización reproduzca formas de bioprospección extractiva. Sin embargo, la circulación de secuencias, modelos y bases de datos plantea desafíos adicionales que requieren normas nacionales, acuerdos comunitarios y mecanismos de trazabilidad adaptados al entorno digital (Convention on Biological Diversity, 2011).
La soberanía de datos ambientales no puede limitarse a almacenar información en servidores nacionales. Exige capacidad para producirla, interpretarla, validarla, protegerla y decidir sobre sus usos. Sin inventarios biológicos, colecciones científicas, taxónomos, ecólogos de campo, infraestructuras públicas, conectividad territorial y comunidades con poder de decisión, la soberanía digital se convierte en una aspiración vacía. Conocer el territorio es una condición para conservarlo; digitalizar sin conocer puede consolidar las mismas asimetrías que se pretende superar.
América Latina y Colombia: de la abundancia biológica a la autonomía científica
América Latina ocupa un lugar central en esta discusión por la diversidad de sus selvas, bosques secos, páramos, sabanas, humedales, costas, mares y sistemas de alta montaña, así como por la pluralidad cultural de sus territorios. Esa riqueza convive con deforestación, minería, expansión urbana, fragmentación, conflictos por el agua y profundas desigualdades científicas y tecnológicas. La región no enfrenta una escasez de vida, sino una escasez relativa de información interoperable, capacidades distribuidas y control público sobre las infraestructuras que convierten la vida en datos.
Colombia tiene la oportunidad de construir una agenda de inteligencia ecológica situada. Esta agenda debería comenzar por fortalecer inventarios, colecciones, monitoreo de campo y formación taxonómica; articular universidades, institutos, comunidades, Estado y empresas; desarrollar infraestructura pública para datos biológicos; adoptar estándares interoperables; proteger los conocimientos tradicionales; y promover modelos computacionales validados en los ecosistemas del país.
El objetivo no debe ser convertir la biodiversidad en una nueva materia prima digital, sino aumentar la autonomía para conocer, cuidar y gobernar el territorio. La región puede pasar de ser proveedora de recursos y datos a producir conocimiento, tecnología y decisiones propias, siempre que la innovación se subordine a límites ecológicos, derechos colectivos y responsabilidades públicas. La secuencia importa: primero territorio, inventario y comprensión; después automatización.
Conclusión
La nueva era digital transforma la manera en que observamos y gestionamos el capital natural, pero no modifica una verdad fundamental: la vida no es una base de datos y los ecosistemas no son dispositivos reiniciables. Las tecnologías pueden ampliar la observación, acelerar análisis y apoyar alertas tempranas; no pueden reemplazar el trabajo de campo, la validación científica, la experiencia territorial ni la deliberación ética.
Una inteligencia ecológica digital responsable debe reconocer la heterogeneidad biogeográfica, el valor intrínseco de la naturaleza, los límites de la automatización, la necesidad de estándares comunes, la participación de las comunidades y la huella material de la propia infraestructura tecnológica. También debe impedir que la información biológica se extraiga, comercialice o procese sin consentimiento, trazabilidad y distribución justa de beneficios.
El principal riesgo del reduccionismo digital es imaginar la naturaleza como un simple “Ctrl + Z”: un sistema en el que todo daño podría deshacerse mediante datos, restauración automatizada o compensaciones. Esa ilusión tecnocrática desconoce la irreversibilidad, los umbrales ecológicos y la singularidad de cada territorio. La tarea del siglo XXI no consiste en digitalizar la biodiversidad hasta volverla abstracta, sino en gobernar la tecnología desde la vida, el territorio y sus límites.
Especial agadecimiento por sus lecturas, recomendaciones y visiones, al profesor: Vladimir Minorta-Cely PhD.
Referencias
Anderson, K., Brewin, R. J. W., Mleczko, M. M., Mueller, M., Shutler, J. D., Wilkinson, R., Yan, X., & Gaston, K. J. (2024). The dark side of Earth observation. Nature Sustainability, 7(3), 224–227. https://doi.org/10.1038/s41893-023-01262-x
Bloom, D. A., Zermoglio, P., & Guralnick, R. (2021). Analysis of biodiversity data needs in the post-2020 framework. GBIF Secretariat. https://doi.org/10.35035/doc-2ph8-0403
Cañas, J. S., Parra-Guevara, C., Montoya-Castrillón, M., Ramírez-Mejía, J. M., Perilla, G. A., Marentes, E., Leuro, N., Sandoval-Sierra, J. V., Martínez-Callejas, S., Díaz, A., Murcia, M., Noguera-Urbano, E. A., Ochoa-Quintero, J. M., Rodríguez Buriticá, S., & Ulloa, J. S. (2025). Inteligencia artificial para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad: Una visión desde Colombia [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.14543
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024, 2 de febrero). Brechas de conectividad como factor de exclusión. Observatorio de Desarrollo Digital. https://desarrollodigital.cepal.org/es/datos-y-hechos/brechas-de-conectividad-como-factor-de-exclusion
Convention on Biological Diversity. (2011). Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
Convention on Biological Diversity. (2022). Decision 15/4: Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-en.pdf
García-Sanz, I., Heine-Fuster, I., Luque, J. A., Pizarro, H., Castillo, R., Pailahual, M., Prieto, M., Pérez-Portilla, P., & Aránguiz-Acuña, A. (2021). Limnological response from high-altitude wetlands to the water supply in the Andean Altiplano. Scientific Reports, 11, Article 7681. https://doi.org/10.1038/s41598-021-87162-6
Global Biodiversity Information Facility. (2020). Improving biodiversity data quality in Latin America: Documenting best practices across data workflows and life cycles [Proyecto]. https://www.gbif.org/project/5JJH6ZKCjztKrqT50OAadQ/improving-biodiversity-data-quality-in-latin-america-documenting-best-practices-across-data-workflows-and-life-cycles
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. (2022). Summary for policymakers of the methodological assessment report on the diverse values and valuation of nature of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (U. Pascual, P. Balvanera, M. Christie, B. Baptiste, D. González-Jiménez, C. B. Anderson, S. Athayde, R. Chaplin-Kramer, S. Jacobs, E. Kelemen, R. Kumar, E. Lazos, A. Martin, T. H. Mwampamba, B. Nakangu, P. O’Farrell, C. M. Raymond, S. M. Subramanian, M. Termansen, … A. Vatn, Eds.). IPBES Secretariat. https://doi.org/10.5281/zenodo.6522392
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures. (2023a). Guidance on the identification and assessment of nature-related issues: The LEAP approach (Version 1.1). https://tnfd.global/publication/additional-guidance-on-assessment-of-nature-related-issues-the-leap-approach/
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures. (2023b). Guidance on engagement with Indigenous Peoples, Local Communities and affected stakeholders (Version 1.0). https://tnfd.global/publication/guidance-on-engagement-with-indigenous-peoples-local-communities-and-affected-stakeholders/
Vera, M. L., Torres, W. R., Galli, C. I., Chagnes, A., & Flexer, V. (2023). Environmental impact of direct lithium extraction from brines. Nature Reviews Earth & Environment, 4, 149–165. https://doi.org/10.1038/s43017-022-00387-5
World Economic Forum. (2025). Nature positive: Role of the technology sector. World Economic Forum. https://www.weforum.org/publications/nature-positive-role-of-the-technology-sector/




























